El órgano fiscalizador señala irregularidades en dos obras; también documenta fallas en contrataciones, gasto de nómina, deuda pública y manejo administrativo
La última Cuenta Pública de la administración priista de Fernando Nicolás Gordillo Torres en el Ayuntamiento de Yanga señala un presunto daño patrimonial por 2 millones 524 mil 611.21 pesos, de acuerdo con el Informe Individual de la Fiscalización Superior correspondiente al ejercicio 2025.
El documento, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) y entregado al Congreso del Estado, advierte que las aclaraciones y documentación presentadas por el Ayuntamiento de Yanga no fueron suficientes para solventar dos observaciones que hacen presumir afectaciones a la Hacienda Pública, el daño patrimonial.
En total, el ORFIS determinó 14 observaciones y 29 recomendaciones: cinco de carácter financiero-presupuestal, cinco relacionadas con obra pública, dos en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, y dos de legalidad.
El mayor señalamiento se encuentra en la obra de construcción de un techado en la cancha de usos múltiples de la localidad General Juan José Baz (San José del Corral), realizada con recursos del FAISMUN.
El monto pagado y contratado fue de 1 millón 419 mil 711.21 pesos. Aunque durante la inspección física realizada en abril de 2026 los auditores encontraron la obra terminada y operando, el Ayuntamiento no acreditó legalmente la propiedad del predio donde se ejecutó. Para el ORFIS, esa omisión fue suficiente para determinar un presunto daño patrimonial por el total de la obra: 1 millón 419 mil 711.21 pesos.
El segundo caso corresponde a otro techado de cancha de usos múltiples en la localidad de Los Mangos, con un monto contratado y pagado de 1 millón 104 mil 900 pesos. También en este caso el Ayuntamiento no acreditó debidamente la propiedad del terreno. El expediente presentó una escritura que correspondía a un predio de la congregación de Palmillas y, además, carecía de elementos que demostraran su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.
Los auditores señalaron además que el registro de la obra ante el IMSS fue realizado fuera del plazo correspondiente y que las estimaciones no contenían pruebas de laboratorio sobre la resistencia del concreto.
El informe también exhibe deficiencias en los procedimientos de contratación. Entre los casos revisados aparecen contratos para la renta de un camión de volteo y una retroexcavadora, ambos adjudicados a Uriel Sánchez Linares.
El ORFIS señala que el Ayuntamiento no presentó el dictamen que justificara por qué era conveniente arrendar esos equipos en lugar de adquirirlos. Además, los expedientes carecían de las fianzas de cumplimiento y de documentación fiscal requerida.
Pero hay un dato particularmente llamativo: los CFDI correspondientes al arrendamiento fueron emitidos por José Alberto Bolaños Olivier, una persona distinta del prestador de servicios contratado, Uriel Sánchez Linares. Los contratos contemplaban una renta mensual de 52 mil 200 pesos por el camión de volteo y 75 mil 400 pesos por la retroexcavadora.
En materia de disciplina financiera, el ORFIS detectó que el Ayuntamiento incrementó el presupuesto destinado a servicios personales. El presupuesto originalmente aprobado era de 19 millones 873 mil 481.82 pesos, pero durante el ejercicio se amplió en 3 millones 249 mil 996.28 pesos, para llegar a 23 millones 123 mil 478.10 pesos.
El monto pagado finalmente fue de 23 millones 123 mil 191.50 pesos, es decir, 3 millones 249 mil 709.68 pesos por encima del presupuesto originalmente autorizado.
Las explicaciones presentadas por el Ayuntamiento no justificaron el incremento conforme a la Ley de Disciplina Financiera, por lo que la observación persistió.
El ORFIS encontró además una diferencia importante entre el padrón de contribuyentes del impuesto predial y los ingresos estimados. El padrón reportaba 3 millones 195 mil 019.82 pesos, mientras que la cuenta contable de ingresos estimados registraba 1 millón 858 mil 116.22 pesos.
La diferencia es de aproximadamente 1.34 millones de pesos, y el Ayuntamiento no presentó los registros contables necesarios para aclararla.
El ORFIS dejó claro en su dictamen que las aclaraciones y documentos presentados por el Ayuntamiento no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen presumir la existencia de faltas administrativas y, en dos casos, de un presunto daño patrimonial.
Por ello, determinó un monto global de 2 millones 524 mil 611.21 pesos de presunto daño patrimonial, correspondiente exclusivamente a las dos obras señaladas.
El informe establece que el Órgano Interno de Control deberá continuar con las investigaciones y acciones correspondientes, mientras que el propio ORFIS promoverá el fincamiento de responsabilidades y la determinación de daños y perjuicios conforme al procedimiento previsto en la legislación estatal.
